La Cámara Penal N°3 de San Fernando del Valle de Catamarca condenó a Mónica Hernández, por considerarla coautora penalmente responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública, a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos.

El histórico fallo, dictado por el Tribunal conformado por los jueces Marcelo Soria, Patricia Olmi y Jorge Palacios, representa la primer condena en la justicia que recibe un ex intendente del municipio de San José, Departamento Santa Maria, por delitos de corrupción. En la actualidad, hay otros jefes comunales de la provincia que tienen abierta una investigación en su contra por delitos análogos. En el vecino municipio, del mismo departamento, el ex intendente Jorge Andersch acumula un sinnúmero de expedientes con denuncias en su contra por delitos similares a los cometidos por Hernández; sin embargo, protegido por los fueros parlamentarios, todavía no rindió cuentas en la justicia.

El hecho por el que se halló culpable a Mónica Hernández, es por la contratación de forma irregular de un camión Mercedes Benz, por el cual se pagaba $19.800 por mes e incluía el pago de combustible. Contratación que se extendió por todo un año.

Asimismo, por el mal uso de los fondos municipales, de regalías mineras y de partidas enviadas desde Nación, que debían ser destinados a obras y programas específicos, se conocieron fuertes denuncias en contra de Hernández en la última parte de su gestión como intendenta, que acarrearon una crisis institucional sin precedentes en el municipio. En ese sentido, la ex intendenta estuvo detenida en pleno mandato, pero fue liberada antes de tener que entregar el poder.

El derrotero de la causa y la condena.

La celebración del juicio por los hechos ocurridos entre 2007 y 2011, se había pospuesto en múltiples ocasiones, ya que la defensa de Hernández apeló a cada maniobra procesal existente para evitar llegar a juicio en marzo de 2016; y hasta llegó a ofrecer  pagar la suma de $1.500 para ser juzgada bajo la figura de “probation”.

La Cámara, sin embargo, rechazó la propuesta de la funcionaria, teniendo en cuenta que en el caso de resultar culpable de los delitos que se le endilgan, ésta debería ir a prisión por más de tres años, lo que excede lo previsto por la ley para acogerse a este beneficio.

Tras esto, la defensa de Hernández planteó una nulidad que hizo llegar a la Corte de Justicia provincial, sin embargo, el instrumento de casación fue rechazado, por lo que se solicitó imponer una nueva fecha para el debate oral y público, que finalizó el día de la fecha con la condena de la ex intendenta Mónica Hernández.

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